"El gran negocio transnacional de los medicamentos" es un análisis de Pedro Rivera Ramos sobre el poder y lucro de la industria farmacológica.
La producción de medicamentos constituye uno de los componentes más importantes, más sólidos y más poderosos, conque cuentan en la actualidad las gigantescas corporaciones transnacionales, que luego de la reestructuración que hiciesen de su producción de plaguicidas, se autocalificarán como “industrias de las ciencias de la vida”, al pasar a controlar virtualmente todas las actividades esenciales para los seres humanos en todo nuestro planeta.
La producción de medicamentos constituye uno de los componentes más importantes, más sólidos y más poderosos, conque cuentan en la actualidad las gigantescas corporaciones transnacionales, que luego de la reestructuración que hiciesen de su producción de plaguicidas, se autocalificarán como “industrias de las ciencias de la vida”, al pasar a controlar virtualmente todas las actividades esenciales para los seres humanos en todo nuestro planeta.
Así, Syngenta, Monsanto, Bayer y otras, poseen una concentración de intereses y un poder casi absoluto de áreas tan vitales, además del lucrativo mercado farmacéutico, que comprende a las semillas agrícolas, los productos veterinarios, los plaguicidas, la biotecnología y el transporte y distribución de alimentos. Esto explica en gran medida, muchas de las particularidades que hoy rodean y definen a una industria farmacéutica, mucho más identificada con conceptos como rentabilidad económica, acumulación de capital y beneficios, que en curar y salvar vidas humanas.
En un mundo donde un niño menor de diez años muere cada cinco segundos por hambre; más de 60 millones de mujeres dan a luz sin asistencia médica; 2,400 millones de personas carecen del acceso a servicios sanitarios básicos; una tercera parte del planeta, según la OMS, no tienen acceso a los medicamentos esenciales y más de 10 millones de niños mueren anualmente por enfermedades para las que existen tratamientos; la poderosa industria farmacéutica, concentrada en un puñado de empresas de países altamente desarrollados y que monopolizan más del 85% del valor de la producción mundial de fármacos, en buena parte protegidos por un sistema de patentes totalmente injusto, arbitrario y fuera de control, genera utilidades superiores a los 446 mil millones de dólares anuales.
Su poder es tal magnitud que imponen sus precios, discriminan en sus ventas, aplastan las producciones locales, sobornan políticos, médicos y autoridades de salud pública, en un negocio donde prevalece cada vez menos la ética y la salud y sí la codicia y el mercantilismo más rampante. De ese modo, lo que realmente le interesa a la gran industria farmacéutica,
no es la producción de medicamentos para curar, sino, como bien afirmara el premio Nóbel de medicina de 1993, Richard J. Roberts, en entrevista en mayo del 2008 a la revista Autogestión, que el verdadero interés de éstas empresas por los fármacos es “sólo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo
y de una vez para siempre”. Más concretamente: clientes, pacientes y usuarios; pero nunca, ni lo suficientemente muertos ni lo suficientemente sanos.
Esta pronunciada y cínica orientación del negocio farmacéutico transnacional, se descubre en toda su amplitud cuando advertimos que la venta de drogas para mejoramiento estético, reducir peso corporal, dominar el stress o superar la impotencia, es decir, para gente esencialmente sana, representa una de sus principales preocupaciones investigativas y es
la que les genera sus mayores ingresos.
Esto demuestra que la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, cuyo más alto volumen de producción y consumo se realiza en los países altamente industrializados, además de estar adaptada a sus condiciones socioeconómicas con niveles de prevención, higiene y alimentación diferentes a los que tienen los habitantes de los países del llamado Tercer Mundo, está dirigida hacia los sectores de la población mundial que disfrutan de ingresos sustanciales o cuentan con dolencias o padecimientos altamente lucrativos.
Por ello no resulta exagerado conocer, que casi el 90% del presupuesto que estas poderosas industrias destinan a la investigación y desarrollo de nuevas drogas, persigue el interés de atender los problemas de salud de sólo el 10% de la población mundial. A esto se añade que otro elemento que exhibe el verdadero móvil del multimillonario negocio farmacéutico, lo encontramos en el impresionante gasto que realizan en sus renglones de comercialización y publicidad.
Sólo en el área de comercialización admiten sin mucha reserva, que invierten más de tres veces lo que gastan en investigación y desarrollo y que el monto de su publicidad para los países capitalistas desarrollados, ronda el 30% del valor total de sus ventas. Precisamente en el campo de la publicidad emplean “todas las tácticas conocidas en el mundo capitalista: folletería de lujo, publicidad por saturación, muestra gratis, viajes, obsequios, conferencias, control de publicaciones y, lo más importante, visitas reiteradas de vendedores especializados (“representantes” o “visitadores” médicos)”¹
La salud, que junto a la educación y a la alimentación, constituyen derechos básicos de cualquier ser humano con total independencia de su nivel de ingreso, aparece, para felicidad y complacencia de la industria farmacéutica transnacional, considerada como una mercancía más en los tratados de libre comercio y en la OMC. Allí se discuten e imponen normativas sobre propiedad intelectual y acceso a los medicamentos, que tienen un efecto dramático y devastador sobre la salud de millones de personas en el mundo y, principalmente sobre pacientes de países pobres con SIDA, Alzheimer, afecciones cardíacas, hipertensión y otras. Las patentes sobre medicamentos, basados muchos de ellos en compuestos bioquímicos y conocimientos tradicionales recogidos o robados en las regiones tropicales y subtropicales, niegan toda la teoría económica liberal fundada en el libre comercio, al sustentarse irónicamente en el proteccionismo y los derechos monopólicos. Este privilegio que limita sensiblemente la competencia entre las empresas, ejerce una fuerte restricción sobre la fabricación y distribución de fármacos genéricos que son producidos por países como India, Brasil y Tailandia y que pueden costar hasta un 50 por ciento menos que los medicamentos patentados. Los genéricos no solamente han demostrado ser más baratos y muy exitosos como equivalentes terapéuticos de los productos de marca, --la experiencia brasileña en el tratamiento del SIDA así lo confirma-- sino que representan un ahorro considerable de divisas para los países pobres. Esto
explica las razones que llevaron a los 146 países miembros de la OMC a fines de agosto del 2003, a poner en práctica parcialmente el punto # 17 de la Declaración ministerial de Doha, que recalca que el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, “se interprete y aplique de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”. Con dos años de retraso y luego de ocho meses de bloqueo por Estados Unidos, el acuerdo alcanzado permite que los países pobres, puedan tener acceso a fármacos de bajo precio para luchar contra las enfermedades únicamente infecciosas.
Pero esta decisión, que distó mucho de poner en peligro a las principales patentes farmacéuticas y sus jugosos beneficios, no fue bien recibida por las poderosas empresas que hay detrás. Nada tardaron en la Unión Europea para manipular la normativa aduanera y bajo el supuesto de sospechas de falsificaciones médicas protegidas por propiedad intelectual, obstaculizar hasta por seis meses en aeropuertos de Holanda y Alemania principalmente, el comercio de fármacos genéricos legítimos. De todos modos, incautar o retener remesas médicas legales por presiones de empresas farmacéuticas
multimillonarias, es un acto no sólo criminal, sino absolutamente inmoral, y pone de manifiesto la estrecha colusión existente entre estos Estados y sus omnipotentes industrias farmacológicas. Precisamente es este vínculo el que sirve para explicarnos las exageradas exigencias que aparecen en los capítulos de propiedad intelectual de los TLC y que en la mayoría de las ocasiones, rebasan todo lo previsto hasta ahora en las normativas y discusiones en la OMC. En esas tratativas y aprovechándose de la debilidad de los países con los que negocian, terminan por imponerles períodos superiores a los 20 años de vigencia para sus patentes; protección para sus datos de prueba de 5 a 10 años; descartar hasta el uso de la salvaguardia más importante que permite la OMC: las licencias obligatorias.
Naturalmente que nadie puede objetar la lucha necesaria contra las falsificaciones o adulteraciones de productos farmacéuticos y todos los países deben adoptar las medidas que consideren indispensables. Con esto se frenaría ampliamente un negocio que logra falsificar el 10% de los medicamentos disponibles en el mercado mundial, generando más de 40 mil
millones de dólares al año. Actividad que no sólo representa la distribución y consumo de fármacos ineficaces, sino que además, puede causar víctimas fatales como las casi doscientas personas que en el 2006, fueron envenenadas con dietileneglycol en Panamá o el tráfico de efedrina y medicamentos adulterados descubierto en Argentina en agosto del 2008 y que terminó con un triple homicidio. No obstante, también es preciso exigir responsabilidades a los laboratorios farmacéuticos transnacionales, cuando prefieren escoger las ganancias y el lucro, en lugar de salvaguardar la salud y la vida de los seres humanos. No es necesario explicar mucho esto para saber de lo que hablamos. Allí están los ejemplos con el antiinflamatorio Vioxx (rofexocib) de la empresa Merck, misma que según Peter Gillespie, tenía en Estados Unidos a principios del 2007, “2,300 millones de dólares por conceptos de impuestos no pagados por transferir sus patentes de
medicamentos a una compañía fantasma en Bermuda y luego deducir de sus impuestos las regalías que se pagó a sí misma”.²
Del mismo modo, encontramos el antibiótico Baytril de los laboratorios Bayer, que hace algunos años atrás fue prohibido parcialmente por la FDA (Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos), ya que pese a estar recomendado para uso veterinario, se descubrió que “afectaba sensiblemente la acción de algunos productos con destino similar en los humanos”.
También de la Bayer, empresa responsable de varios tóxicos agrícolas, hubo que retirar el Lipobay (Cerivastatina), recomendado para combatir el colesterol, cuando se demostró ser el causante de miles de muertes por infartos. Pfizer, otro poderoso laboratorio farmacéutico, tuvo problemas similares en el 2004 con dos de sus medicamentos estrellas: Celebrex y
Bextra (valdecoxib).
Estas pocas muestras del comportamiento de la industria farmacéutica, ponen de manifiesto que la lógica mercantil que impera en sus actividades, carece por completo de ética. En ella es muy común la demora en reconocer los efectos secundarios de sus productos y retirarlos del mercado, aún a costa de la vida de las personas; abultar sus costos de investigación y desarrollo para justificar el precio de sus sustancias patentadas; lanzar versiones modificadas de productos existentes, sin que representen ningún adelanto químico significativo; y aprovecharse con mucha efectividad del
considerable apoyo económico que les brindan generosamente los Estados altamente desarrollados. En resumen, las transnacionales de los medicamentos están más ligadas a los intereses de Wall Street, que son a su vez los del avasallador mercado, que a las necesidades más apremiantes de toda la Humanidad.
En un mundo donde un niño menor de diez años muere cada cinco segundos por hambre; más de 60 millones de mujeres dan a luz sin asistencia médica; 2,400 millones de personas carecen del acceso a servicios sanitarios básicos; una tercera parte del planeta, según la OMS, no tienen acceso a los medicamentos esenciales y más de 10 millones de niños mueren anualmente por enfermedades para las que existen tratamientos; la poderosa industria farmacéutica, concentrada en un puñado de empresas de países altamente desarrollados y que monopolizan más del 85% del valor de la producción mundial de fármacos, en buena parte protegidos por un sistema de patentes totalmente injusto, arbitrario y fuera de control, genera utilidades superiores a los 446 mil millones de dólares anuales.
Su poder es tal magnitud que imponen sus precios, discriminan en sus ventas, aplastan las producciones locales, sobornan políticos, médicos y autoridades de salud pública, en un negocio donde prevalece cada vez menos la ética y la salud y sí la codicia y el mercantilismo más rampante. De ese modo, lo que realmente le interesa a la gran industria farmacéutica,
no es la producción de medicamentos para curar, sino, como bien afirmara el premio Nóbel de medicina de 1993, Richard J. Roberts, en entrevista en mayo del 2008 a la revista Autogestión, que el verdadero interés de éstas empresas por los fármacos es “sólo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo
y de una vez para siempre”. Más concretamente: clientes, pacientes y usuarios; pero nunca, ni lo suficientemente muertos ni lo suficientemente sanos.
Esta pronunciada y cínica orientación del negocio farmacéutico transnacional, se descubre en toda su amplitud cuando advertimos que la venta de drogas para mejoramiento estético, reducir peso corporal, dominar el stress o superar la impotencia, es decir, para gente esencialmente sana, representa una de sus principales preocupaciones investigativas y es
la que les genera sus mayores ingresos.
Esto demuestra que la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, cuyo más alto volumen de producción y consumo se realiza en los países altamente industrializados, además de estar adaptada a sus condiciones socioeconómicas con niveles de prevención, higiene y alimentación diferentes a los que tienen los habitantes de los países del llamado Tercer Mundo, está dirigida hacia los sectores de la población mundial que disfrutan de ingresos sustanciales o cuentan con dolencias o padecimientos altamente lucrativos.
Por ello no resulta exagerado conocer, que casi el 90% del presupuesto que estas poderosas industrias destinan a la investigación y desarrollo de nuevas drogas, persigue el interés de atender los problemas de salud de sólo el 10% de la población mundial. A esto se añade que otro elemento que exhibe el verdadero móvil del multimillonario negocio farmacéutico, lo encontramos en el impresionante gasto que realizan en sus renglones de comercialización y publicidad.
Sólo en el área de comercialización admiten sin mucha reserva, que invierten más de tres veces lo que gastan en investigación y desarrollo y que el monto de su publicidad para los países capitalistas desarrollados, ronda el 30% del valor total de sus ventas. Precisamente en el campo de la publicidad emplean “todas las tácticas conocidas en el mundo capitalista: folletería de lujo, publicidad por saturación, muestra gratis, viajes, obsequios, conferencias, control de publicaciones y, lo más importante, visitas reiteradas de vendedores especializados (“representantes” o “visitadores” médicos)”¹
La salud, que junto a la educación y a la alimentación, constituyen derechos básicos de cualquier ser humano con total independencia de su nivel de ingreso, aparece, para felicidad y complacencia de la industria farmacéutica transnacional, considerada como una mercancía más en los tratados de libre comercio y en la OMC. Allí se discuten e imponen normativas sobre propiedad intelectual y acceso a los medicamentos, que tienen un efecto dramático y devastador sobre la salud de millones de personas en el mundo y, principalmente sobre pacientes de países pobres con SIDA, Alzheimer, afecciones cardíacas, hipertensión y otras. Las patentes sobre medicamentos, basados muchos de ellos en compuestos bioquímicos y conocimientos tradicionales recogidos o robados en las regiones tropicales y subtropicales, niegan toda la teoría económica liberal fundada en el libre comercio, al sustentarse irónicamente en el proteccionismo y los derechos monopólicos. Este privilegio que limita sensiblemente la competencia entre las empresas, ejerce una fuerte restricción sobre la fabricación y distribución de fármacos genéricos que son producidos por países como India, Brasil y Tailandia y que pueden costar hasta un 50 por ciento menos que los medicamentos patentados. Los genéricos no solamente han demostrado ser más baratos y muy exitosos como equivalentes terapéuticos de los productos de marca, --la experiencia brasileña en el tratamiento del SIDA así lo confirma-- sino que representan un ahorro considerable de divisas para los países pobres. Esto
explica las razones que llevaron a los 146 países miembros de la OMC a fines de agosto del 2003, a poner en práctica parcialmente el punto # 17 de la Declaración ministerial de Doha, que recalca que el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, “se interprete y aplique de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”. Con dos años de retraso y luego de ocho meses de bloqueo por Estados Unidos, el acuerdo alcanzado permite que los países pobres, puedan tener acceso a fármacos de bajo precio para luchar contra las enfermedades únicamente infecciosas.
Pero esta decisión, que distó mucho de poner en peligro a las principales patentes farmacéuticas y sus jugosos beneficios, no fue bien recibida por las poderosas empresas que hay detrás. Nada tardaron en la Unión Europea para manipular la normativa aduanera y bajo el supuesto de sospechas de falsificaciones médicas protegidas por propiedad intelectual, obstaculizar hasta por seis meses en aeropuertos de Holanda y Alemania principalmente, el comercio de fármacos genéricos legítimos. De todos modos, incautar o retener remesas médicas legales por presiones de empresas farmacéuticas
multimillonarias, es un acto no sólo criminal, sino absolutamente inmoral, y pone de manifiesto la estrecha colusión existente entre estos Estados y sus omnipotentes industrias farmacológicas. Precisamente es este vínculo el que sirve para explicarnos las exageradas exigencias que aparecen en los capítulos de propiedad intelectual de los TLC y que en la mayoría de las ocasiones, rebasan todo lo previsto hasta ahora en las normativas y discusiones en la OMC. En esas tratativas y aprovechándose de la debilidad de los países con los que negocian, terminan por imponerles períodos superiores a los 20 años de vigencia para sus patentes; protección para sus datos de prueba de 5 a 10 años; descartar hasta el uso de la salvaguardia más importante que permite la OMC: las licencias obligatorias.
Naturalmente que nadie puede objetar la lucha necesaria contra las falsificaciones o adulteraciones de productos farmacéuticos y todos los países deben adoptar las medidas que consideren indispensables. Con esto se frenaría ampliamente un negocio que logra falsificar el 10% de los medicamentos disponibles en el mercado mundial, generando más de 40 mil
millones de dólares al año. Actividad que no sólo representa la distribución y consumo de fármacos ineficaces, sino que además, puede causar víctimas fatales como las casi doscientas personas que en el 2006, fueron envenenadas con dietileneglycol en Panamá o el tráfico de efedrina y medicamentos adulterados descubierto en Argentina en agosto del 2008 y que terminó con un triple homicidio. No obstante, también es preciso exigir responsabilidades a los laboratorios farmacéuticos transnacionales, cuando prefieren escoger las ganancias y el lucro, en lugar de salvaguardar la salud y la vida de los seres humanos. No es necesario explicar mucho esto para saber de lo que hablamos. Allí están los ejemplos con el antiinflamatorio Vioxx (rofexocib) de la empresa Merck, misma que según Peter Gillespie, tenía en Estados Unidos a principios del 2007, “2,300 millones de dólares por conceptos de impuestos no pagados por transferir sus patentes de
medicamentos a una compañía fantasma en Bermuda y luego deducir de sus impuestos las regalías que se pagó a sí misma”.²
Del mismo modo, encontramos el antibiótico Baytril de los laboratorios Bayer, que hace algunos años atrás fue prohibido parcialmente por la FDA (Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos), ya que pese a estar recomendado para uso veterinario, se descubrió que “afectaba sensiblemente la acción de algunos productos con destino similar en los humanos”.
También de la Bayer, empresa responsable de varios tóxicos agrícolas, hubo que retirar el Lipobay (Cerivastatina), recomendado para combatir el colesterol, cuando se demostró ser el causante de miles de muertes por infartos. Pfizer, otro poderoso laboratorio farmacéutico, tuvo problemas similares en el 2004 con dos de sus medicamentos estrellas: Celebrex y
Bextra (valdecoxib).
Estas pocas muestras del comportamiento de la industria farmacéutica, ponen de manifiesto que la lógica mercantil que impera en sus actividades, carece por completo de ética. En ella es muy común la demora en reconocer los efectos secundarios de sus productos y retirarlos del mercado, aún a costa de la vida de las personas; abultar sus costos de investigación y desarrollo para justificar el precio de sus sustancias patentadas; lanzar versiones modificadas de productos existentes, sin que representen ningún adelanto químico significativo; y aprovecharse con mucha efectividad del
considerable apoyo económico que les brindan generosamente los Estados altamente desarrollados. En resumen, las transnacionales de los medicamentos están más ligadas a los intereses de Wall Street, que son a su vez los del avasallador mercado, que a las necesidades más apremiantes de toda la Humanidad.
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