La directora de CooperAcción, Julia Cuadros,
propuso suspender temporalmente estas concesiones, que pasaron de 3.5 millones
a 4.2 millones de Has entre el 2010 y 2013. “La interdicción contra los mineros ilegales
es insuficiente”, advirtió.
Según la ONG CooperAcción, las concesiones mineras continúan
creciendo en nuestro país. En el régimen de Minería Artesanal, entre Noviembre
de 2010 y Junio de 2013, los titulares pasaron de 9,900 a 12,300.
Así, el área concesionada para minería artesanal creció
de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas, es decir, se expandió 20%.
La organización advierte que estas concesiones pueden ser
tomadas por mineros ilegales. Asimismo, refieren
que de las aproximadamente 70 mil Declaraciones de Compromiso presentadas a
agosto del 2013, sólo 20,875 mineros habían iniciado el trámite de
formalización, de los cuales sólo 3,317 pequeños mineros y mineros artesanales
contaban con título de concesión minera, y solo habrían manifestado su voluntad
de suscribir convenios de explotación.
“La diferencia entre las cifras declaradas es más que
notable con la realidad exorbitante de la minería informal e ilegal en el
país”, afirmó Julia Cuadros, directora de la institución.
“Si de lo que se trata es de ordenar la minería en
pequeña escala, una primera medida que el Gobierno debería dar es la moratoria
o suspensión de las concesiones mineras hasta que no se den pasos seguros hacia
el ordenamiento y formalización”, señaló.
Otra medida necesaria, según Cuadros, es la inversión
pública en el sector de pequeña minería y minería artesanal. “Requieren de
apoyo tanto del Estado como de colegios profesionales, universidades, para
elaborar a bajo costo los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctiva (IGAC)”, dijo.
“Ello debe ir acompañado del fortalecimiento de
capacidades y de recursos económicos para los Gobiernos Regionales que tienen
la gran tarea de la formalización en sus manos”, acotó.
Por ejemplo, comentó, la Región Arequipa ha recibido
17,000 Declaraciones de Compromiso; si solo 1,000 IGAC
fueran presentados hasta el 19 de Abril de 2014 cuando se vence el plazo, se
requerirá más personal capacitado, de los 5 que Arequipa tiene actualmente,
para que la aprobación del IGAC no sea un trámite
administrativo, sino que sea un instrumento de gestión ambiental realmente
útil, que permita remediar los daños ya producidos por la actividad en pequeña
escala informal y prever impactos ambientales futuros.
“La interdicción contra los mineros ilegales tiene que
continuar, pero es insuficiente, tiene que haber más apoyo estatal a la formalización,
con recursos y capacidades y no dejar solos a los Gobiernos Regionales en esta
tarea”, agregó
“Se requiere una intervención multisectorial, donde se
articulen varias estrategias: formalización, desarrollo tecnológico,
diversificación económica, fortalecimiento de servicios públicos, educación,
salud”, resumió.
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